Con la finalidad de prestar plena asistencia a los acreedores y deudores de alimentos y de facilitar los mejores medios de cobro entre países de la comunidad europea, las autoridades centrales DEBERIAN poder obligar a los Estados miembros para tener acceso a estos datos ante las autoridades públicas o administrativas. Se establecen normas de competencia y deerminació de la ley aplicable para la reclamación de alimentos. La mejor novedad es la supresión del exequátur de resoluciones de un Estado miembro vinculado por el convenio de la Haya de 2007.